Para: La Voz del Interior.
La Argentina no desarrolla trayectorias: encadena reacciones. No ajusta: da golpes de timón. No planifica: improvisa. Los excesos no se corrigen; se reemplazan por excesos inversos. En lugar de acumular experiencia, arrasa y vuelve a empezar, como si la historia no pasara factura. Como si la experiencia no dejara saldo.
Mientras los estados del mundo reorganizan sus políticas industriales, tecnológicas y comerciales para ganar ventajas comparativas en el marco de una nueva revolución tecnológica, la Argentina sigue atrapada en una falsa dicotomía: si el Estado debe intervenir o no.
Es una falsa dicotomía porque la evidencia muestra que quienes proclaman la prescindencia del Estado rara vez renuncian a utilizarlo cuando resulta funcional a sus objetivos; y que quienes lo expanden en nombre del bienestar social no aseguran, por esa sola vía, mejores resultados.
El caso Fate
El caso Fate, en el centro del debate reciente, condensa esa lógica.
Durante años un esquema de privilegios dirigido desde el Estado blindó a determinados actores, consolidando posiciones dominantes y márgenes de ganancias extraordinarios en mercados cerrados y cautivos.
Se consolidó un modelo en el que la rentabilidad dependía menos de la eficiencia y la productividad y más del acceso privilegiado a regulaciones favorables, barreras de entrada o ventajas cambiarias.
Así, los esfuerzos empresariales dejaron de orientarse a innovar y ampliar mercados para concentrarse en asegurar y preservar ventajas regulatorias.
Las consecuencias fueron evidentes: profundas distorsiones macroeconómicas, precios artificialmente elevados, menor competencia, incentivos debilitados para invertir y una carga creciente sobre industrias dependientes y consumidores.
Hasta allí, el diagnóstico es compartido. El propio sector lo reconoció. “Estábamos marcando con un 60% o 70%. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, admitió el dueño de una importante distribuidora de neumáticos. El mercado no era real. La rentabilidad tampoco.
Pero el giro posterior no fue una corrección, sino un nuevo extremo. De un esquema que protegía privilegios individuales o sectoriales se pasó a una apertura indiscriminada, sin los instrumentos institucionales necesarios para resguardar a la economía frente a prácticas anticompetitivas externas.
Paradojas de gestión
Lo paradójico es que, cuando la empresa se adapta a las nuevas reglas y decide cerrar la planta, el mismo poder político que impulsó el cambio apela a teorías conspirativas y activa resortes administrativos para apaciguar sus consecuencias.
Pero no fueron utilizados instrumentos administrativos con similar intensidad para mitigar las distorsiones del comercio exterior ni para enfrentar prácticas de competencia desleal.
No se trata de proteger, sino de defender nuestros intereses.
En este vaivén político, en lugar de consolidar inversión, competencia y desarrollo, se refuerza una lógica que lleva años instalada: cubrirse en dólares y refugiarse en instrumentos financieros de corto plazo, en vez de apostar por proyectos productivos de largo aliento.
La incertidumbre desalienta la inversión real y favorece comportamientos especulativos.
Sin embargo, lo que debe ponerse en cuestión es la premisa de que una Nación puede desarrollarse prescindiendo de la intervención del Estado. La experiencia histórica demuestra lo contrario: ningún país hoy desarrollado lo hizo.
La discusión relevante entonces no es la intervención en sí, sino su calidad, su diseño y su propósito.
Europa defiende a sus agricultores. Estados Unidos defiende sus sectores estratégicos. Presentar la competencia global como si fuera únicamente entre empresas es una simplificación difícil de sostener: también compiten los Estados.
¿Es realista eliminar toda barrera frente a una economía como la china, que respalda su desarrollo industrial con una fuerte presencia estatal, interviene activamente en el valor de su moneda, opera con estándares laborales y sindicales muy distintos a los del mundo occidental, mantiene elevados niveles de vigilancia interna y, además, produce a una escala significativamente superior y con costos laborales más bajos?
Claramente, no se puede proteger como se protegió hasta ahora, otorgando privilegios individuales y consolidando rentas extraordinarias. Pero tampoco es realista imaginar que una economía puede desarrollarse desarmando todas sus herramientas de defensa en un mundo donde los Estados las utilizan cada vez con más fuerza para competir entre sí.
De lo que se trata entonces es de defender intereses nacionales que fortalezcan capacidades productivas que nos permitan aspirar a un crecimiento sostenido y a mayores niveles de bienestar general.
Mientras tanto, el mundo no espera. La inteligencia artificial ya está transformando los sistemas productivos, las cadenas de valor y el empleo a una velocidad inédita.
Y son los estados —no solo los mercados— los que invierten recursos estratégicos y coordinan esfuerzos para asegurar ventajas competitivas en esta nueva etapa, del mismo modo en que históricamente impulsaron el desarrollo de sus propias industrias.
En un mundo donde los Estados reorganizan su poder para competir hacia afuera, nosotros seguimos compitiendo contra nosotros mismos.
