Para: La Voz del Interior
A fines de 2023, el ajuste del gasto público no era una opción sino una condición ineludible. Hoy pueden discutirse su consistencia, sostenibilidad e impacto, pero en aquel contexto cualquier gobierno enfrentaba la misma restricción: evitar el colapso.
Los desequilibrios eran de una magnitud difícil de exagerar: inflación mensual de dos dígitos, brecha cambiaria cercana al 200%, precios relativos profundamente distorsionados y un Banco Central atrapado en una dinámica de pasivos remunerados, cuya velocidad de expansión había adquirido un carácter explosivo.
En ese contexto, evitar una espiralización de la nominalidad exigía un ajuste significativo del gasto, y hacerlo sin recurrir a mecanismos extremos —como la confiscación de activos privados o el default— implicaba costos inevitables.
Confieso que, en ese momento, no tenía tan claro el valor de sostener ese principio. Hoy me resulta evidente que, si la Argentina aspira a un sendero de desarrollo sostenido, necesita recuperar algo que ha perdido sistemáticamente: la credibilidad.
La credibilidad exige respeto por los compromisos asumidos, la propiedad privada y las reglas del juego, y no puede ser relativizada en función de las circunstancias. Sin ella, la inversión de largo plazo no aparece. Y el costo del descrédito termina siendo aún mayor. Hemos sido testigos de ello.
El ajuste, por lo tanto, era una imposición de la realidad. La discusión relevante —como señalé en estas mismas páginas en aquel momento— nunca fue si ajustar o no, sino quiénes absorberían ese costo y cómo se distribuiría. Sin embargo, en la campaña presidencial predominaron las consignas y los eslóganes por sobre la discusión de fondo.
Por un lado, uno de los principales candidatos a presidente negaba con gran cinismo la necesidad del ajuste, al tiempo que ajustaba brutalmente de hecho vía inflación, licuando los ingresos de las mayorías y llevando a la economía a una dinámica explosiva.
Del otro lado, el candidato que finalmente resultó electo prometía motosierra y sostenía que el costo del ajuste lo iba a pagar la “casta”.
El equilibrio fiscal se alcanzó en el primer mes de gobierno. Pero al examinar la composición del recorte se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre jubilaciones, infraestructura, universidades, educación, salud, salarios formales, empleo, subsidios al transporte y a los servicios públicos y programas sociales.
También se incumplieron compromisos de deuda con las provincias y leyes sancionadas por el Congreso, como las vinculadas a universidades y a la discapacidad. Estos hechos también suponen vulnerar contratos y normas y profundizan el descrédito de la dirigencia y del país.
¿Seguir ajustando el gasto o ajustar el programa económico?
Pese al significativo esfuerzo realizado por la sociedad, la brutal caída de la actividad en sectores generadores de empleo, la persistente caída de la recaudación y las propias definiciones del Presidente —“hay que atarse al mástil”— anticipan la necesidad de profundizar el ajuste si los ingresos fiscales no se recuperan.
Para el Gobierno, el único ajuste posible es el del gasto. El ajuste del programa económico ante resultados que no marcharon de acuerdo al plan no parece estar en consideración.
Las perspectivas de crecimiento de los sectores primarios y las proyecciones de exportaciones son muy alentadoras, pero ese escenario requiere transitar y gestionar el camino para concretarse.
Como suele señalar el Presidente, la economía trata sobre la asignación de recursos escasos. Entre ellos, el tiempo. ¿Cuánto puede esperar la sociedad? ¿Qué margen tiene el gobierno antes de que el desgaste político sea determinante? ¿Cuál es el reloj del ajuste?
La erosión de la narrativa de la casta
Los episodios recientes —caso Libra, propuesta de Lijo para la Corte, caso Andis, Caso Adorni y los créditos del Banco Nación a funcionarios, entre otros— introducen ruido sobre la esencia del discurso oficial.
Además, las recientes revelaciones sobre el presunto financiamiento de campañas con fondos provenientes de coimas de las SIRAS, abren un interrogante adicional: si esos recursos financiaron una sola campaña o, en realidad, financiaron dos.
¿Se trata de una verdadera batalla contra la casta o, en los hechos, del reemplazo de una casta por otra?
El término “casta”, utilizado como eslogan por Podemos —expresión de sectores radicalizados en España—, surgió como una forma de cuestionar a las élites tradicionales y degradar el concepto de élite al asociarlo con uno de sus vicios más persistentes: el uso del Estado para sostener sus privilegios en perjuicio del conjunto de la sociedad.
La apropiación de esa narrativa fue uno de los principales activos de la campaña de Javier Milei. Si ese marco discursivo se debilita, se pierde la épica de una gestión que la necesita para que la sociedad continúe asumiendo el costo del ajuste hasta que se logre revertir la situación.
En democracia, ningún programa económico —por consistente que sea— se sostiene sin respaldo social. Todo proceso de estabilización depende de su “horizonte de tolerancia”: el tiempo durante el cual la sociedad acepta costos presentes a cambio de beneficios futuros.
El desafío no es solo fiscal, monetario o cambiario. Es también político y temporal. En la habilidad para gestionar la transición, distribuir sus costos, conducir la política y sostener la coherencia entre discurso y hechos se define el resultado: o se consolidan bases duraderas, o se suma un nuevo fracaso a la larga historia de crisis argentinas.
