El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro tiene implicancias para la Argentina en tres dimensiones: en la configuración de las relaciones de poder en la región, en el frente diplomático y en el plano económico.
El resultado abre un debate sobre el escenario regional, plantea potenciales riesgos para la competitividad argentina y vuelve a poner en evidencia una conducta presidencial cuestionable en materia de política exterior.
Relaciones de poder en la región
La victoria de Lula confirma que el escenario político regional es más diverso de lo que sugiere la idea de un avance homogéneo de las derechas, como planteaba una lectura simplificada de los últimos acontecimientos.
El resultado no sólo interpela las expectativas políticas de la región, sino también las relaciones de poder y los intereses económicos que se disputan en ella.
Brasil conserva un peso estratégico en América latina y, a través del grupo de los Brics, busca ampliar su influencia económica y financiera. En ese contexto, la aspiración de Donald Trump de reforzar el liderazgo estadounidense en la región convive con otros actores e intereses que disputan ese espacio.
Para la Argentina, el desafío es desenvolverse con pragmatismo, sin confundir las afinidades personales o ideológicas con los intereses nacionales ni poner en juego oportunidades comerciales y financieras por diferencias políticas.
El impacto diplomático
Javier Milei se involucró de manera explícita y confrontativa en la campaña brasileña, respaldó abiertamente a Bolsonaro, dirigió fuertes descalificaciones personales contra Lula y no reconoció el resultado electoral.
La cuestión no es la preferencia electoral del Presidente, sino que sus intervenciones y descalificaciones personales pueden profundizar el deterioro de una relación bilateral estratégica para los argentinos.
El kirchnerismo fue correctamente cuestionado por subordinar las relaciones internacionales a sus afinidades ideológicas. Hoy, el gobierno de Milei incurre en una lógica similar, aunque con alineamientos opuestos. Cambia la ideología, pero persiste la dificultad para separar las preferencias personales de los intereses permanentes del Estado.
Resulta llamativa, además, la diferencia de trato hacia China. Pese a las profundas diferencias ideológicas, Milei mantiene un vínculo respetuoso y pragmático con el Gobierno chino, priorizando las relaciones comerciales, las inversiones y, sobre todo, el financiamiento que la Argentina necesita.
Esto demuestra que, cuando están en juego intereses concretos, la diplomacia puede imponerse a las diferencias ideológicas. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio a Brasil, cuyo mercado es estratégico para nuestra industria?
El impacto económico
Brasil es nuestro principal socio comercial. Entre enero y septiembre de 2026, concentró el 21,4% de las importaciones y el 12,7% de las exportaciones argentinas. A su vez, más del 60% de las ventas argentinas a ese mercado correspondieron a manufacturas de origen industrial (MOI).
La depreciación del real agrega presión sobre una economía que ya venía perdiendo competitividad cambiaria. La estabilidad del tipo de cambio nominal, combinada con una inflación muy superior a la de nuestros socios comerciales, apreció el tipo de cambio real multilateral.
En ese contexto, los productos brasileños ganan competitividad frente a los argentinos, tanto en Brasil como en nuestro mercado interno. El movimiento del real no crea el dilema cambiario argentino, pero profundiza un deterioro que ya se venía acumulando.
La cuestión de fondo es la sostenibilidad del esquema cambiario, que no depende únicamente de la disciplina fiscal o del superávit externo, fuertemente influenciado por factores extraordinarios como el shock de precios de la energía.
También depende de la competitividad de la economía, la acumulación de reservas, la demanda de pesos, la inflación relativa y la capacidad de atraer inversiones y reactivar la actividad.
Existe cierto consenso en que la política monetaria y cambiaria genera más incertidumbre que certezas. Sin embargo, persisten diferencias entre los economistas respecto de cuáles serían los cambios más adecuados. Esto demuestra que definir las soluciones suele ser bastante más complejo que identificar el problema.
La clave está en evaluar si el programa puede atravesar el calendario electoral sin asumir riesgos crecientes y si los costos de sostener la estrategia actual son mayores o menores que los de introducir cambios. Una decisión que, al menos por ahora, el Gobierno parece haber tomado: “morir con las botas puestas”.
El costo de una estrategia sin consensos: la falta de confianza
Una parte importante de las dificultades del Gobierno responde a que no logró recuperar la confianza del mercado ni consolidar una recuperación sostenida de la demanda de pesos.
La historia argentina explica buena parte de esa desconfianza. Pero quien llega a la presidencia conoce las condiciones de partida y se supone que diseña un programa de gobierno con las herramientas necesarias para enfrentarlas y superarlas de manera eficaz.
A casi tres años del inicio de la gestión, cabe preguntarse si hubo un error de diagnóstico al suponer que corregir los desequilibrios fiscales y monetarios sería suficiente para reconstruir la confianza de los agentes económicos. Probablemente, también era necesario construir una base de sustentación política más amplia, algo que exige resignar la pretensión de ejercer un poder hegemónico y abrir espacios para el diálogo y la construcción de consensos.
El dilema cambiario debe analizarse en ese contexto. La necesidad de mantener apreciado el tipo de cambio es consecuencia de esa falta de confianza y de una demanda de pesos que no se recuperó según lo esperado.
En este escenario, la estabilidad del dólar se vuelve aún más necesaria para sostener la demanda de activos en pesos (carry trade) y evitar que las expectativas de devaluación pesen más que el rendimiento de las tasas de interés e incentiven a los inversores a salir de sus posiciones en moneda local.
Un programa económico de la envergadura que necesita la Argentina exige contemplar, desde su diseño, no sólo las variables económicas, sino también las condiciones políticas e institucionales para hacerlo viable.
