Casi 3.200 millones de dólares comprados por los argentinos en julio confirman una tendencia que viene escamoteando al sistema productivo nacional una parte sustancial del ahorro generado por los propios argentinos. Y cuando el ahorro no permanece en el sistema productivo local, resulta muy difícil que cualquier programa económico pueda sostener el crecimiento y la inversión que necesita.
Desde el inicio de la actual gestión, la compra de divisas por parte de los argentinos supera los U$S 40.000 millones.
Es una práctica que lleva décadas y que se ha convertido en una característica estructural de la economía argentina. Las estimaciones, oficiales y privadas, ubican entre U$S 200 mil millones y U$S 300 mil millones los activos de argentinos mantenidos fuera del sistema. No hay ingeniería financiera que aguante semejante drenaje de recursos.
En una economía capitalista, el ahorro es una condición necesaria para financiar la inversión y la acumulación de capital. Cuando una parte significativa del ahorro nacional se destina a activos externos en lugar de canalizarse hacia la inversión doméstica, se reduce el financiamiento disponible para ampliar la capacidad productiva del país y, con ello, su ritmo de acumulación de capital.
Las decisiones económicas de empresas y personas dependen en buena medida del grado de confianza que tengan sobre el futuro. Esa confianza condiciona decisiones centrales para cualquier economía: cuánto consumir, cuánto ahorrar, dónde colocar los ahorros y, fundamentalmente, cuánto invertir y producir.
Por eso, la compra masiva de dólares no debería ser interpretada sólo como una conducta especulativa o como una preferencia irracional de los argentinos. Es, en buena medida, una decisión de cobertura: una forma de proteger el ahorro frente a un futuro que no se percibe suficientemente previsible.
Incluso entre los propios funcionarios del actual Gobierno –como ocurrió también en gestiones anteriores– una parte significativa de sus ahorros está fuera del sistema local. Si quienes gobiernan no confían en ellos mismos, ¿por qué deberían hacerlo quienes son gobernados?
La confianza se construye armonizando ideas e intereses
Como he señalado en otras oportunidades, la responsabilidad de quien gobierna no consiste sólo en administrar los fondos públicos, sino también en armonizar los distintos intereses e ideas que conviven dentro de una sociedad, muchas veces de manera contradictoria.
En una democracia, esa capacidad de integración es fundamental para construir las expectativas que necesita cualquier programa económico para tener éxito.
Si después de casi tres años de la actual administración, los argentinos continúan destinando miles de millones de dólares mensuales a proteger sus ahorros fuera del sistema local, hay que preguntarse qué está fallando en esa construcción de confianza.
La respuesta no parece estar únicamente en las variables económicas. La polarización permanente y la fragmentación del tejido social, potenciado por los gobiernos de turno –incluido el actual– han convertido buena parte de las discusiones económicas en batallas entre bandos irreconciliables.
Difícilmente una sociedad atravesada por esa fractura pueda generar el clima de confianza necesario para invertir, producir y proyectar.
En física, a toda fuerza aplicada en una dirección le corresponde una fuerza de reacción en sentido contrario. En política, también. Cuando la confrontación se convierte en método de gobierno y una parte de la sociedad percibe que no se busca convencerla e integrarla sino someterla, esa presión genera una respuesta de la misma magnitud.
Los agentes económicos reaccionan aumentando la cobertura, reduciendo su exposición, privilegiando decisiones de corto plazo y buscando refugio para sus ahorros. Los mercados no son ajenos a esa confrontación: la incorporan en sus decisiones y en el precio del riesgo.
Ese es el precio que paga una sociedad cuando quienes gobiernan fracasan en su responsabilidad de armonizar intereses contrapuestos en favor del conjunto y construir confianza en torno de un proyecto común.
