La orientación y la estructura del crecimiento económico no responden únicamente a las fuerzas del mercado. También están condicionadas por las decisiones de política económica que toma el Estado, que orientan los incentivos, favorecen a determinados sectores y condicionan las oportunidades de otros.
Como señalamos en columnas anteriores, ninguna decisión de política económica es neutra. Las medidas adoptadas modifican precios relativos, ingresos, costos y rentabilidades, y sus efectos no se distribuyen de manera uniforme entre los distintos sectores de la sociedad.
Así, la cuestión no es sólo cuánto crece una economía, sino también cómo se distribuyen los beneficios de ese crecimiento y los costos de las decisiones económicas.
Por eso, además de analizar dónde estamos y cuánto hemos avanzado en la resolución de los enormes problemas heredados, es necesario preguntarnos quiénes han ganado y quiénes han perdido en el camino. O, mejor dicho, cuántos han ganado y cuántos han perdido.
También dijimos en reiteradas ocasiones que el problema no era el ajuste en sí mismo, sino quién lo pagaba. Un ajuste que parece no tener fin viene siendo soportado, hasta ahora, por amplios sectores de la sociedad. La pregunta es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
El diseño de la nueva economía
La Argentina se enfrenta a un interrogante estructural: qué economía se está construyendo y para quiénes. Las actividades vinculadas con los recursos naturales –como la energía, la minería y determinados segmentos del agro– tienen oportunidades de expansión asociadas a sus ventajas comparativas y a la demanda internacional. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), con sus beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, busca acelerar ese proceso.
Su desarrollo puede generar rápidamente divisas, inversión y aumentos de productividad en esos sectores. Pero el desafío es determinar en qué medida ese dinamismo se transmite al resto de la economía, impulsa nuevas actividades y genera empleo. Porque una economía puede aumentar su producción sin que ese crecimiento se traduzca proporcionalmente en mejores ingresos y mayores oportunidades para el conjunto de la sociedad.
No se trata de negar las ventajas de las actividades exportadoras ni de defender indiscriminadamente a todos los sectores existentes. Se trata de entender que la composición del crecimiento importa tanto como su magnitud: las distintas actividades generan diferentes volúmenes de empleo, encadenamientos productivos y efectos sobre el mercado interno.
Decisiones de política económica
La estabilidad de precios, el equilibrio fiscal y la previsibilidad son condiciones necesarias para invertir, pero no garantizan por sí solas el camino al desarrollo.
También importa cómo las decisiones de política económica inciden sobre las condiciones en las que operan los distintos sectores. El crédito, la demanda interna, los costos y la rentabilidad son variables determinantes para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, y tampoco son ajenas a las decisiones del Gobierno.
La política monetaria y la política fiscal condicionan el financiamiento, las tasas de interés y la demanda interna, con efectos directos sobre el consumo y la inversión. También inciden los costos estructurales de la economía, asociados a la presión impositiva, el deterioro de la infraestructura y otros factores que afectan la productividad y la competitividad.
En este escenario, la apreciación real del tipo de cambio agrega una presión adicional, favorecida tanto por las condiciones externas antes mencionadas como por la subordinación de la política cambiaria al objetivo de desinflación. Este proceso encarece la producción local en términos relativos y reduce su competitividad frente a los bienes importados.
En este contexto, los sectores que compiten con las importaciones enfrentan una presión adicional sobre sus márgenes, sus decisiones de inversión y su capacidad de generar empleo.
Los límites políticos del ajuste
Todo esto nos lleva de nuevo a la cuestión inicial: quiénes pagan los costos y quiénes reciben los beneficios del programa económico. La estabilización puede corregir desequilibrios que durante años condicionaron el desarrollo argentino. Pero su evaluación no puede limitarse a los resultados fiscales o inflacionarios; también debe considerar sus efectos sobre los ingresos, el empleo y las posibilidades de recuperación de los distintos sectores.
Y aquí aparece la inevitable interacción con la política, que ningún gobierno puede ignorar. La cuenta regresiva ya comenzó hacia el momento en que deberá volver a pedirle autorización a la sociedad para seguir por el mismo camino. La herencia recibida (el pasado) y la amenaza del “riesgo kuka” (el futuro) quizás no alcancen para explicar indefinidamente las dificultades del presente.
El desafío de un programa económico es también construir una economía capaz de sostener la estabilidad, generar oportunidades y repartir de manera más amplia y equitativa los frutos del crecimiento.
El ajuste es una herramienta para ordenar la economía. Lo que no puede ser es un horizonte permanente cuyo costo recaiga indefinidamente sobre los mismos sectores de la sociedad.
