Para: La Voz del Interior
Hay una idea que el Gobierno ha instalado con fuerza en el debate público argentino: la de que existe una economía en la que el Estado «no interviene» y deja actuar libremente a las fuerzas del mercado. Esa idea, convertida en consigna política, tiene una enorme potencia comunicacional. El problema es que es mentira.
Porque la realidad demuestra que el Estado siempre interviene en el funcionamiento de la economía. La diferencia no radica en la existencia o no de esa intervención, sino en cómo esta se ejerce, con qué grado de transparencia e institucionalidad (por oposición a la arbitrariedad), a favor de qué intereses y con qué resultados.
Cada decisión de política pública implica una asignación de recursos y, por lo tanto, la definición de ganadores y perdedores. Ocurre cuando se fija una alícuota impositiva diferencial, cuando se establece un régimen promocional o se otorgan beneficios fiscales, cuando se pone un techo a las paritarias salariales, cuando se regula el acceso al mercado cambiario o cuando el Banco Central interviene directa o indirectamente sobre el precio del dólar.
La ficción del libre juego de la oferta y la demanda
Toda política monetaria, cambiaria, fiscal, financiera, arancelaria o salarial supone una decisión política que altera incentivos, distribuye costos y beneficios y, por lo tanto, favorece a determinados actores económicos respecto de otros.
La Ley Bases, el Rigi, el denominado «súper Rigi», el régimen de inocencia fiscal, los blanqueos de capitales, las reformas laborales, la administración del tipo de cambio y de las tasas de interés, las políticas de encajes, endeudamiento y gasto público, así como los múltiples cambios normativos y regulatorios implementados, entre otros, constituyen ejemplos de ello.
No existe un «libre juego de la oferta y la demanda» cuando el Estado decide que un sector pagará una determinada carga tributaria y otro una significativamente menor. Tampoco cuando algunos inversores cuentan con beneficios cambiarios, impositivos o regulatorios que otros no poseen o cuando determinados proyectos reciben garantías excepcionales.
Tampoco actúan las fuerzas del mercado cuando el principal precio de la economía argentina –el tipo de cambio– es administrado a través de un complejo entramado de herramientas monetarias, cambiarias, regulatorias y financieras.
Estas modifican precios relativos y, por ende, redistribuyen costos, ingresos y rentabilidades entre distintos sectores económicos, lo que inevitablemente repercute sobre las decisiones de inversión y asignación de recursos.
La política detrás del mercado
Nada de lo que aquí expongo a modo de ejemplos constituye un juicio de valor respecto de las políticas implementadas, sino que busca demostrar que ningún mercado funciona en un vacío institucional y político y que el relato de la ausencia de intervención no describe la realidad.
Es perfectamente legítimo sostener que, dada la gravedad de la crisis heredada, resultaba necesario implementar regímenes excepcionales para atraer inversiones, modificar incentivos laborales o redefinir reglas tributarias y arancelarias.
Es perfectamente legítimo sostener que desarmar la maraña de burocracias espurias que existían en nuestro país era necesario.
Lo que no resulta legítimo es negar que el gobierno del presidente Javier Milei interviene en el funcionamiento de la economía y de los mercados con cada decisión política que toma, con cada decreto que dicta, con cada presupuesto que administra, con cada beneficio que otorga, con la administración de los principales precios de la economía y con cada modificación de las reglas de juego.
Así como algunos afirman que detrás del Estado siempre hay intereses económicos, también podría decirse que detrás de cada mercado existen decisiones políticas –de los gobiernos nacionales y de los otros estados–, que determinan –directa o indirectamente– costos, ingresos y rentabilidades. En última instancia, estas decisiones moldean la distribución del ingreso y de la riqueza.
No nos mintamos, entonces. El Estado interviene. Siempre. Y el Gobierno actual no constituye una excepción. Negarlo no es una descripción de la realidad, sino la construcción de un relato.
