En mi anterior columna publicada en este medio, «El destino del ahorro de los argentinos», sostuve que uno de los principales desafíos de la Argentina consiste en lograr que el ahorro nacional vuelva a transformarse en inversión productiva.
Los datos conocidos esta semana muestran que ese objetivo sigue estando muy lejos. Sólo en junio, los argentinos compraron más de U$S 2 mil millones, ya sea para atesoramiento, gastos de turismo y consumos con tarjeta en el exterior o simplemente para mantener sus tenencias dolarizadas.
En apenas seis meses, esa cifra ya ronda los U$S 13 mil millones y los U$S 40 mil millones desde la liberación del cepo cambiario.
Como afirmó hace poco el economista Ricardo Arriazu, «por lejos la variable macro más importante en economía es cuántos dólares compra la gente». Y de ella dependerá el crecimiento futuro.
El desafío ya no pasa únicamente por ordenar las cuentas públicas o estabilizar las variables financieras, sino por recuperar la confianza. Y eso se construye desde la política, sobre todo cuando la realidad económica sigue imponiendo costos significativos sobre la mayoría de la población.
A las heridas del pasado, se suman las dudas sobre el régimen cambiario; el deterioro de la economía real; las caídas del consumo, de la industria, del comercio y de la construcción; el aumento de la mora crediticia, y, sobre todo, las expectativas que empresas y familias se forman respecto del futuro.
La política también juega
En la semana que pasó, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a los inversores que «no se entusiasmen» con el actual gobierno porque, según afirmó, «el peronismo va a revisar absolutamente todo». Y fue todavía más lejos: «Lo que sea necesario nacionalizar lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar lo vamos a expropiar».
Desde luego, mensajes de esta naturaleza desalientan la inversión y alimentan la incertidumbre. Pero el verdadero problema no empieza ni termina en Ricardo Quintela ni en el kirchnerismo. El problema es que esas palabras resultan creíbles.
Y lo son porque la Argentina, y el gobierno de Javier Milei en particular, no han logrado construir consensos políticos y sociales lo suficientemente sólidos como para que determinadas reglas de juego sobrevivan a la alternancia democrática.
El costo de concentrar el poder
Si, como sostiene el propio Gobierno, el principal riesgo para el ahorro y la inversión es un eventual regreso del kirchnerismo, ¿no debería trabajar para reducir ese riesgo construyendo acuerdos políticos más amplios que otorguen previsibilidad y continuidad al rumbo elegido?
Sin embargo, el Gobierno optó por el camino inverso: profundizar la confrontación con la oposición más radicalizada antes que ampliar la base política de sustentación del proceso de cambio.
Gobernadores, dirigentes, fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil dispuestas a acompañar el rumbo económico –que representaban a una amplia mayoría de la dirigencia argentina– fueron poco a poco relegados, debilitados o sometidos. Se privilegió la concentración del poder.
Sin dudas, construir una mayoría amplia y garantizar la continuidad de un proyecto nacional compartido implica renunciar a la pretensión de ejercer un liderazgo hegemónico, y, eventualmente, que la continuidad de ese proyecto pueda quedar en manos de alguna de las fuerzas que hoy lo acompañan. Un costo que parece ser demasiado alto para la política argentina.
La lógica del «vamos por todo»
Esta lógica no comenzó con el actual gobierno. Cristina Fernández de Kirchner la sintetizó en una frase que quedó grabada en la historia reciente: «Vamos por todo».
Luego, el gobierno de Cambiemos terminó reproduciendo esa misma lógica. Con el correr de la gestión, el PRO fue debilitando a buena parte de las fuerzas que habían acompañado el proceso de cambio, con lo cual redujo las posibilidades de consolidar una mayoría política amplia y de sostener un proyecto de transformación en el tiempo.
Con el paso de los años, el propio Mauricio Macri reconoció la necesidad de construir consensos políticos más amplios. Sin embargo, esa reflexión llegó tarde.
Es probable que los tiempos actuales premien la confrontación permanente y las campañas cada vez más radicalizadas. Quizá ese sea el camino más eficaz para llegar al poder. Pero gobernar con éxito exige otra lógica.
Si un gobierno pretende que el ahorro de sus ciudadanos deje de refugiarse en el dólar y vuelva a financiar la inversión, no alcanza con el equilibrio de las cuentas públicas y con las leyes de inocencia fiscal. También debe ofrecer previsibilidad institucional y demostrar que es capaz de construir acuerdos políticos que sobrevivan a la alternancia democrática.
Tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo argentino sea esa maldita obsesión de nuestra dirigencia de ir por todo, aun cuando la historia demuestre, una y otra vez, que ningún proyecto sostenible de Nación puede construirse democráticamente sin acuerdos básicos y sin instituciones sólidas.
La lógica del «vamos por todo» termina produciendo siempre el mismo resultado: los gobiernos prefieren convertirse en dueños absolutos del poder antes que en los ingenieros de un verdadero proyecto de Nación.
Así, el poder se preserva por un tiempo y la Nación pierde una nueva oportunidad de construir futuro.
