El Gobierno sostiene –o sostenía– que el mercado es el único capaz de asignar eficientemente los recursos y que el Estado no debe elegir ganadores y perdedores.
Sin embargo, sus políticas muestran una intervención selectiva: administra el tipo de cambio, interviene sobre salarios y precios, regula la liquidez y, mediante regímenes como el Rigi, selecciona actividades y proyectos para otorgarles beneficios especiales.
El Gobierno predica la necesidad de cumplir los compromisos de deuda y los contratos, y lo hace con los acreedores privados, pero no aplica el mismo criterio con las provincias ni con las leyes que establecen la asignación específica de determinados recursos.
La pregunta, entonces, es si estamos frente a contradicciones o si estas decisiones responden a una estrategia deliberada de asignación de recursos y distribución del ingreso.
Es posible que no estemos simplemente frente a inconsistencias entre el relato y las acciones, sino ante una política que responde a objetivos deliberados: quiénes deben ganar, quiénes perder y qué sectores deben ser favorecidos. ¿Y si, en definitiva –como suele afirmar el Gobierno–, “todo marcha de acuerdo al plan”?
El dólar: un precio que el Estado también decide
El caso del dólar es probablemente el más evidente. El discurso reivindica la determinación de los precios por la oferta y la demanda. Sin embargo, el Gobierno utiliza múltiples instrumentos para influir sobre el principal precio de la economía: compras del Banco Central, operaciones del Tesoro, futuros, instrumentos dollar-linked, manejo de liquidez, encajes, operaciones de mercado abierto, restricciones a la demanda y obligaciones de liquidación de divisas.
Cuando el Estado administra el principal precio de la economía, asigna recursos y modifica las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores.
Si los costos de una empresa están condicionados por decisiones del Gobierno –tarifas, impuestos o salarios– y sus ingresos también dependen de decisiones oficiales –como ocurre con un tipo de cambio intervenido–, su rentabilidad deja de depender exclusivamente del mercado y pasa a estar condicionada por la política económica.
La actuación cambiaria no solo afecta el valor del dólar: también modifica precios relativos, rentabilidades y la distribución del ingreso entre sectores.
El mercado asigna recursos… cuando el Estado decide dónde
El Gobierno sostiene que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos y cuestiona que el Estado determine ganadores y perdedores. Sin embargo, mediante el Rigi selecciona actividades y proyectos y les otorga beneficios fiscales, arancelarios y cambiarios que no están disponibles para el resto de la economía.
Cuando el Gobierno decide a qué actividades beneficiar y a cuáles no, también asigna recursos, orienta incentivos, modifica las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores, y, con ellas, la estructura productiva y la distribución futura de recursos e ingresos.
El precio del trabajo tampoco queda librado al mercado
Algo similar ocurre con las paritarias. Mientras el Gobierno reivindica la libertad de mercado para determinar precios, interviene sobre las negociaciones salariales y procura contener determinados aumentos.
El salario también es un precio, y moderar su evolución tiene consecuencias distributivas. Puede existir una justificación macroeconómica –contener la inflación o evitar una espiral de precios y salarios–, aunque tensiona con el relato de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
La pregunta, entonces, es quién absorbe el costo de la desinflación.
Cuando el relato no explica el modelo
Visto desde esta perspectiva, las aparentes contradicciones de la política económica adquieren otra dimensión. ¿Estamos frente a una estrategia deliberada de transformación de la estructura productiva y social?
Puede estar configurándose una nueva economía: sectores favorecidos por políticas públicas, incentivos, financiamiento y beneficios impositivos, frente a otros más expuestos a la demanda interna, a la competencia externa subsidiada, a elevados costos laborales e impositivos, a las tasas de interés y a una demanda interna deprimida.
En ese escenario, la asignación de recursos no responde únicamente al mercado, sino también a las decisiones del Estado, que terminan definiendo ganadores y perdedores.
Así, el debate de fondo –no para la tribuna– deja de ser Estado versus mercado, y pasa a ser qué concepción de sociedad y desarrollo orienta esas decisiones.
¿Por qué la intervención estatal es considerada una distorsión cuando beneficia a unos y una herramienta de desarrollo cuando beneficia a otros? ¿Qué modelo económico está construyendo el Gobierno, qué estructura productiva pretende impulsar y qué distribución de recursos e ingresos requiere ese modelo?
Cuando esos principios no están claramente explicitados, las aparentes contradicciones entre el relato y las decisiones generan desconfianza.
Los agentes económicos, sin poder anticipar el rumbo ni la continuidad de las políticas, reaccionan defensivamente: protegen sus ahorros, aumentan la cobertura, privilegian el corto plazo, favorecen conductas más especulativas y desalientan la inversión.
Quizá el problema no sea que el Gobierno no sepa hacia dónde va, sino que todavía no ha explicado con suficiente claridad hacia quiénes van los beneficios de ese camino.
