La Argentina parece estar entrando en un punto de inflexión. Durante los últimos años, y sobre todo desde el cambio de gobierno, el país fue sometido a un proceso de ajuste de una magnitud extraordinaria, cuyo costo ha venido pagando el conjunto de los argentinos.
A riesgo de ser reiterativa, vale recordar que buena parte de este ajuste es consecuencia de desequilibrios acumulados durante años: déficit fiscal, emisión, deuda, inflación, distorsiones de precios relativos, atraso tarifario y múltiples restricciones. Parece necesario aclararlo cada vez que se analiza el presente, como si reconocer las dificultades actuales significara validar el pasado.
Hasta acá, había una urgencia que no podía desconocerse: la inflación se aceleraba a una velocidad que hacía necesario frenarla. Se hizo. Podemos discutir el cómo y sus costos, pero es contrafáctico saber si existía otra alternativa para lograrlo sin romper contratos ni generar costos aún mayores.
Pero ahora parece que estamos en otro momento. La sociedad empieza a mostrar un límite frente a un ajuste que parece no tener fin, en un contexto de caída sostenida de la recaudación tributaria.
El creciente malestar se refleja en las encuestas, que muestran una menor aceptación de la gestión, pero también en las redes sociales, donde al Gobierno le cuesta cada vez más imponer su agenda, aun cuando recurre –como hacen todos los gobiernos con mayor o menor pericia– a temas de alto contenido emocional para recuperarla.
El frente externo
Hay un frente en el que los resultados son contundentes: el externo. La Argentina atraviesa un escenario favorable por un doble motivo: el aumento de los precios internacionales de las commodities y ciertas decisiones de política económica que favorecieron la expansión de los sectores generadores de divisas y redujeron la actividad de los sectores más intensivos en demanda de dólares. Con todos los costos que esto también trae aparejado.
El resultado es significativo: durante el segundo trimestre de 2026, el superávit comercial de bienes alcanzó el nivel más alto de los últimos años. Y el mercado ya proyecta para este año un superávit comercial superior a los U$S 25 mil millones.
A su vez, el Banco Central compró alrededor de U$S 14 mil millones en lo que va del año y logró administrar el tipo de cambio, manteniéndolo en los niveles que el Gobierno consideró adecuados para su estrategia económica.
Sin embargo, todavía es difícil afirmar que la estabilidad esté lograda. La demanda de pesos es una variable determinante en cualquier programa de estabilización, y mientras no se recomponga, será difícil considerar consolidado el proceso de estabilización.
La demanda de pesos
El propio programa monetario del Gobierno partió del supuesto de que la recuperación de la demanda de dinero permitiría acompañar la compra de reservas sin generar presiones cambiarias y sin necesidad de una esterilización sostenida. Pero eso no ocurrió.
Como señala Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, el problema es que no hubo suficiente demanda de pesos para absorber los $ 19 billones emitidos para comprar esos U$S 14 mil millones. Así, una parte importante terminó en títulos de deuda, cuyo aumento en el mismo período, medido en dólares, equivale a unos U$S 25 mil millones.
Porque comprar reservas implica emitir pesos. Si esos pesos son demandados por los agentes económicos, pueden incorporarse a la economía sin generar una presión equivalente sobre los precios o el dólar. Pero si esa demanda no acompaña, aumenta la necesidad de absorber esa liquidez o puede crecer la demanda de cobertura cambiaria.
Este es uno de los principales problemas que enfrenta hoy el programa económico. La estabilidad monetaria no depende sólo de la cantidad de pesos que se emitan, sino también de que los argentinos quieran conservarlos y, fundamentalmente, de que esos pesos encuentren un destino productivo, canalizándose hacia la inversión. Y eso se construye con credibilidad, previsibilidad, crecimiento y crédito.
No se puede acusar a este Gobierno en forma exclusiva por la dificultad para recuperar la confianza en la Argentina y, con ella, la demanda de pesos. Las heridas del pasado todavía pesan sobre las decisiones de inversión. Pero las dudas del presente y las condiciones económicas del mercado interno tampoco ayudan.
Apreciación cambiaria y actividad económica
La inflación en dólares no es natural ni neutral. Es, en parte, el resultado de una decisión de política económica, facilitada por condiciones de mercado que la hacen posible. Aunque esas condiciones de mercado tampoco son ajenas a las decisiones políticas del Gobierno.
Por eso, la discusión cambiaria sobre si el dólar está “atrasado” o “adelantado” no tiene ningún sentido. La realidad es que el tipo de cambio es el resultado de decisiones políticas que tienen beneficios, costos y riesgos.
Porque no hay decisiones de política económica sin trade-offs. Toda estrategia tiene beneficios y costos económicos, políticos o financieros, presentes y futuros.
Y algunos de esos costos empiezan a verse en la economía real. Industria, comercio, construcción, empleo, consumo, inversión y capacidad instalada, entre otros, siguen mostrando señales que obligan, como mínimo, a mirar con atención qué está ocurriendo.
Y esto no es una interpretación de la realidad. Es la distancia entre las propias proyecciones con las que el Gobierno construyó el Presupuesto para este año y los resultados que finalmente se están observando.
El frente externo es, sin dudas, una de las fortalezas del programa, pero es difícil que pueda ser el único motor de una economía como la Argentina. Las exportaciones de bienes y servicios representaron alrededor del 15% del PIB y explican cerca del 10% del empleo. El resto de la economía también necesita crecer.
Llegamos hasta acá. ¿Ahora cómo se sigue?
Llegamos hasta acá. Se corrigieron desequilibrios enormes. Se logró una mejora sustancial de las cuentas públicas. El frente externo muestra buenos resultados y existen condiciones internacionales que favorecen a la Argentina.
Todo eso importa. Pero el desafío ahora es que esos resultados puedan traducirse en una estabilidad sostenible y, finalmente, en inversión, empleo, productividad e ingresos.
Sostener el rumbo es una decisión política legítima, pero no significa quedar atrapado en las herramientas utilizadas para alcanzarlo cuando la realidad empieza a mostrar resultados distintos de los previstos por el propio programa.
La diferencia entre ser audaz y ser temerario está en la capacidad de calcular. Ambos se animan a actuar, pero mientras el audaz evalúa sus posibilidades y mide los riesgos, el temerario prescinde de ese cálculo.
El Gobierno logró atravesar una etapa de enorme complejidad. Hoy navega entre la audacia que le permitió llegar hasta acá y el riesgo de que esa misma convicción, si prescinde del cálculo, se convierta en temeridad y termine chocando contra la realidad, sin alcanzar los objetivos buscados.
