Para: La Voz del Interior
Argentina atraviesa un momento en el que empieza a ponerse en juego la reelección del presidente Javier Milei en 2027, como así también el rumbo económico y político del país para los próximos años.
El calendario electoral incluye la elección nacional y elecciones provinciales que terminarán de configurar el mapa político del país.
El destino electoral del Gobierno se juega en el terreno económico y también en el plano político. Economía y política están indisolublemente unidas en la tarea de gobernar.
Los gobiernos suelen consolidar su poder político cuando el desempeño económico mejora. Al mismo tiempo, las decisiones políticas tienen implicancias directas sobre la economía y condicionan su evolución.
Gobierno y oposición hacen depender su suerte del éxito o fracaso en ambos planos.
La apuesta económica del Gobierno
La estrategia oficial se articula alrededor de ejes relativamente claros que constituyen el núcleo del programa.
El primero es la preservación del superávit fiscal y de caja como ancla central del programa. No se trata estrictamente de un superávit financiero –ya que no se contabilizan los intereses devengados y no pagados–, pero sí de una señal política fuerte hacia los mercados: el compromiso con el orden fiscal.
El segundo es la estabilidad cambiaria. Apuesta a mantener el dólar dentro de las bandas establecidas y a evitar episodios de volatilidad, al tiempo que busca sostener el proceso de desinflación. Cueste lo que cueste.
El tercero es la recuperación de la actividad económica, aunque con una matriz productiva específica. Se concentra principalmente en sectores vinculados a las economías extractivas –minería y energía–, además del agro –si el clima acompaña– y el sector financiero.
No parece haber una apuesta significativa a la recuperación de la industria manufacturera, un sector históricamente relevante para la generación de empleo.
Tres leyes que el Gobierno considera claves
La primera es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que cuenta —según el ministro de Economía— con proyectos aprobados por U$S 26 mil millones y solicitudes que rondan los U$S 68 mil millones.
La segunda es la llamada ley de “inocencia fiscal”, orientada a incentivar la exteriorización del ahorro que los argentinos mantienen fuera del sistema.
Si esos fondos ingresan al sistema y las inversiones del Rigi comienzan a ejecutarse, el impacto sobre la economía real podría traducirse en mayor actividad, empleo y oferta de dólares.
La tercera es la reforma laboral, que reduce el costo fiscal de los nuevos empleos durante cuatro años con el objetivo de incentivar la formalización laboral y aumentar la demanda de empleo registrado.
En paralelo, cuenta con el respaldo político y financiero del Tesoro de Estados Unidos, que busca desalentar eventuales corridas cambiarias.
Si este conjunto de variables evoluciona según las proyecciones del Gobierno, es razonable pensar que Milei podría llegar con relativa comodidad al proceso electoral de 2027.
Los riesgos de un camino que aún debe probarse
Las premisas sobre las que se sostiene el programa todavía no han pasado la prueba de la realidad. El programa descansa en una serie de supuestos cuya materialización aún está por verse.
Si el estancamiento observado en los últimos meses se prolonga, el sostenimiento del superávit fiscal podría volverse más complejo.
La caída de la actividad impacta en la recaudación. Si los ingresos del Estado disminuyen mientras el gasto ya fue recortado de manera significativa, el margen para continuar ajustando sin profundizar la recesión se vuelve cada vez más estrecho.
Las implicancias sociales tampoco son menores. Si la sociedad percibe que el ajuste se prolonga sin mejoras visibles en empleo e ingresos, el apoyo político al Gobierno podría erosionarse.
El proceso de desinflación tampoco parece consolidado. En los últimos meses, la tendencia a la baja de la inflación mostró señales de reversión. Factores externos –conflictos internacionales y shocks en los precios de los commodities– y factores internos –la necesidad de acumular reservas y reactivar la actividad– podrían añadir tensiones adicionales.
El conflicto en Medio Oriente, ante una posible escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, podría tener efectos ambiguos para Argentina.
Por un lado, el aumento en los precios de los commodities que exporta el país podría mejorar el saldo comercial y fortalecer la cuenta corriente. Pero, al mismo tiempo, podría tener efectos negativos sobre la cuenta financiera si el aumento de la aversión global al riesgo reduce el flujo de capitales hacia economías emergentes.
Otro desafío es la acumulación de reservas internacionales, una exigencia que el mercado viene señalando y que el Gobierno comenzó a atender. Sin embargo, los dólares que compra el Banco Central se venden al Tesoro para afrontar pagos de deuda, por lo que la posición de reservas netas no mejora.
En un eventual nuevo proceso de dolarización preelectoral, si el Banco Central no logra acumular reservas –y el apoyo de Trump no se sostuviera–, una crisis cambiaria podría poner en riesgo el proceso de estabilización alcanzado.
En el frente laboral, el resultado también es incierto. La reforma laboral podría incentivar nuevas contrataciones, pero no existe garantía de que el empleo generado por las economías extractivas compense la pérdida de puestos en sectores como industria o construcción.
Existe además un elemento territorial que suele pasar desapercibido. El modelo de crecimiento basado en minería, energía y agro supone que buena parte de los nuevos empleos se generarán en provincias del interior. Eso implicaría, en la práctica, un proceso de migración inversa desde el conurbano bonaerense hacia esas regiones, una dinámica que, aun si se produjera, distaría de ser automática.
El factor político: “riesgo kuka” y “riesgo Milei”
Las apuestas del Gobierno dependen en gran medida de las expectativas que los agentes económicos tengan sobre el futuro.
El llamado por el Gobierno “riesgo kuka” es fácilmente verificable a través de dos señales: el fuerte proceso de dolarización que se registró en los meses previos a las elecciones de medio término y la diferencia en el costo de la deuda, según su vencimiento ocurra antes o después de la elección presidencial.
Es decir, si se percibe riesgo de un eventual retorno del kirchnerismo, ese escenario podría desalentar inversiones y acelerar la formación de activos externos.
La estrategia política del Presidente de polarizar electoralmente con ese espacio podría terminar generando efectos económicos no deseados para su propio programa, reflejados en un mayor riesgo país, tasas de interés más altas, un menor acceso al crédito y caída de la demanda de dinero.
Por su parte, el “riesgo Milei” se refleja en las dudas sobre un programa que aún no logra materializarse y en la eventual incapacidad del Gobierno para generar expectativas de continuidad de las políticas económicas, un dilema cuya solución no puede ser la permanencia indefinida de su espacio en el poder.
El interrogante decisivo
En última instancia, más allá de las valoraciones ideológicas sobre el programa de gobierno, la cuestión decisiva es otra: si la sociedad está dispuesta a sostener el costo de una transformación tan profunda de la matriz productiva y social de la Argentina, un proceso que inevitablemente excede el horizonte de uno o incluso dos gobiernos.
Porque la mayor carga de esa transición fue y sigue siendo soportada por el conjunto de la sociedad.
